¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a los valencianos?
Desde hace unos años, prácticamente cada día se publican los indicios de un caso de corrupción en la Comunitat Valenciana. Los protagonistas acostumbran a ser siempre los mismos: alcaldes, consellers, secretarios, arquitectos, construtores, gerentes de empresas públicas, empresas públicas…
La cosa pública valenciana es un constante ir y venir de tráfico de influencias, favoritismos, desvío de fondos públicos, derroche presupuestario, operaciones inmobiliarias fraudulentas, etc.
Ese Sin Dios convive con una constante desatención de los servicios públicos que alcanza a la sanidad, la educación o a la mera gestión del territorio.
A nivel municipal, las corporaciones se han convertido en promotoras inmobiliarias públicas. Su cometido fundamental es recalificar terrenos, aprobar planes parciales y expropiar. El objetivo: hacer dinero. No se sabe bien si para engordar a las reses del corralito particular de cada cual, o para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos aunque, a la vista de los constantes escándalos, mi impresión es que más bien se trata de operaciones para el lucro particular más que para el beneficio colectivo.
La consecuencia de ello es la aparición de innumerables cortes municipales de acólitos que se arriman a la teta del Ayuntamiento para mamar con el placet de todos los ciudadanos. El beneficio se reparte equitativamente entre los afines y éste, no lo olvidemos, ayuda al sostenimiento de muchas familias de dependientes. De manera que el círculo se cierra en el ciudadano, con lo que la política y la cosa pública han perdido todo su interés y la comunidad, entendida al estilo norteamericano, desaparece.
El siguiente paso en el disparate público valenciano son las Diputaciones Provinciales, instituciones en las el poder se reparte entre una camarilla de corruptos de manual que hacen y deshacen a su antojo sin que tampoco los ciudadanos obtengan un beneficio observable.
Las corruptelas alcanzan a los Departamentos de las Consellerias, a las Consellerias en sí y a la propia Generalitat. El Presidente del Consell no parece ejercer un liderazgo político, sino que se asemeja más bien al consejero delegado de una gran empresa que, en realidad, manejan otros.
La cuestión central está en el hecho de que los dineros que todos ellos manejan son dineros públicos, destinados a satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos de manera transparente y fiscalizable. Y los ciudadanos exigen, en ocasiones, resultados visibles.
Llegados a este punto, la Generalitat Valenciana no tiene más remedio que reclamar transfusiones en forma de infraestructuras y fondos públicos al Gobierno de la nación al que tanto detestan. Para no parecer una pedigüeña, la Generalitat Valenciana se enroca en un aparente trato discriminatorio a los valencianos que le proporciona un rédito doble; por un lado, sirve para esconder los errores propios y, por otro, permite alimentar un discurso victimista que proporciona pingües beneficios electorales.
Y en esas estamos.
Som Fills del Poble 