No quiero aburriros porque imagino que el post de ayer era demasiado largo, pero es que la madeja está muy liada.
Personalmente la cuestión que me parece más interesante es algo que denuncian desde el Bloc de Oropesa. Si finalmente el Ayuntamiento debe pagar una indemnización a Marina d’Or -lo cual es el colmo del disparate- serán los ciudadanos de Oropesa quienes paguen las consecuencias de los desmanes. Ni el Alcalde, ni los Concejales deberán sacar el dinero de su bolsillo, la empresa sale ganando porque se lo lleva crudito, y son los ciudadanos quienes pringan. Son sus servicios públicos los que se verán afectados.
Pero no nos equivoquemos, los ciudadanos siempre pringamos.
Muchas veces pienso que, en el fondo y en estos casos, eso es lo mejor. No hay otra forma de que abramos los ojos de una vez, de que nos demos cuenta de quiénes nos gobiernan y en manos de quiénes están las decisiones en último término.
Que sea el Ayuntamiento quien pague no sólo la indemnización, sino también los gastos derivados de devolver la zona al estado en el que se encontraba antes de las obras es un mal menor, si uno lo piensa. Es un precio que podemos pagar, si estamos dispuestos, con tal de que se acaben estos tejemanejes.
Pensad en el Cabo de las Huertas. Las urbanizaciones allí son una aberración, sin embargo, ¿quién tiene la culpa en último término?
Es bastante naíf pensar que la empresa, el promotor o el banco que financia la hipoteca no tienen nada que ver, que son víctimas de las decisiones de las administraciones públicas, o que los compradores de un unifamiliar a 15 metros de la orilla del mar ignoran que se trata de una construcción al límite de la ilegalidad, cuando no ilegal totalmente.
Todos somos responsables de lo que ocurre, no queramos echar pelotas fuera.
La parte positiva es que, una vez que los servicios del Ayuntamiento fallen, los ciudadanos -los promotores y los constructores también son ciudadanos, ¿eh?- seremos conscientes por fin de qué significa esto.
Los Ayuntamientos necesitan sistemas de financiación más racionales, sus presupuestos no pueden depender únicamente de operaciones urbanísticas más o menos claras; no es normal que las instituciones más cercanas al ciudadano funcionen tan terriblemente mal y presenten las carencias materiales, humanas y organizativas que presentan; no tiene sentido que algunos alcaldes de este país cobren más que el presidente del gobierno.